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EL GENERAL NAVARRO SE LIMITÓ A ASIGNAR CON DESGANA NOMBRES A BOLSAS PDF Imprimir E-Mail

El ABC. 29 de marzo de 2.010.

El alto cargo en Defensa obró con «mendacidad» en la identificación fraudulenta de los cadáveres de 30 militares muertos en el accidente del Yak-42, llegándoselo a comentar a sus superiores y subordinados en esta tarea, dice el Supremo en la sentencia que ratifica sus tres años de cárcel.

Se limitó a asignar nombres a bolsas. El general de Sanidad Vicente Navarro pasará tres años en la cárcel por la mala gestión cometida en la identificación de los cadáveres de 30 militares que murieron en Trebisonda (Turquía), en el accidente del Yak-42 acaecido el 26 de mayo de 2003. Pero la sentencia, completa, ratificada por el Tribunal Supremo (TS) y que se ha dado a conocer hoy por entero, considera que el general falseó evidentemente las identificaciones de casi la mitad de los 62 soldados fallecidos limitándose a asignar nombres a bolsas haciendo parecer que se los había identificado.

Esta desgana en una tarea trascendental para las familias se plasmó también en el hecho concatentante: el propio general transmite a sus superiores y subordinados cómo había procedido a la identificación manipulada. «Y, desde esa mendacidad, redacta los certificados de defunción de personas que, efectivamente, habían fallecido, pero sin identificar el cadáver respecto al que había certificado su fallecimiento», señala el Alto Tribunal en el auto que puedes leer completo aquí, en PDF. Más allá, el Supremo habla de que la falsedad de los treinta certificados de defunción son consencuencia de una previa mendacidad con la que obró el alto cargo militar.
«Los treinta documentos de incorrecta identificación obedecen a un mismo concepto, la documentación de una previa mendacidad derivada de la necesidad de repatriar, con rapidez, los cadáveres de los militares españoles en un accidente aéreo cuando regresaban de una misión internacional [en alusión directa a la misión de nuestras tropas en Afganistán] respecto a la que la opinión pública se encontraba profundamente dividida».
Estas son algunas de las consideraciones que realiza la Sala de lo Penal del Supremo en la sentencia que confirma la condena de 3 años para Navarro, y de otros18 meses al comandante y al capitán médico José Ramírez y Miguel Sáez, respectivamente, en calidad de cómplices de esta labor mal realizada. La sentencia fue dictada el pasado día 22 por el alto tribunal, que ya dio a conocer el fallo el 17, tras deliberar a puerta cerrada sobre el recurso de los tres condenados y de las asociaciones de familiares de víctimas de este accidente contra la resolución dictada el 16 de mayo del año pasado por la Audiencia Nacional. Este auto no cuenta con ningún voto particular y está rubricada por el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Juan Saavedra, y los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar, Perfecto Andrés Ibáñez y Juan Ramón Berdugo.
El TS ha rechazado por unanimidad todos los recursos interpuestos y ha confirmado en su integridad la sentencia de la Audiencia, que consideró al Ministerio de Defensa responsable civil subsidiario.
Reivindica el derecho de los familiares a velar a su familiarEl Supremo hace referencia en la sentencia, de 54 páginas, a «lo aleatorio de la identificación» y considera «esencial» la «expresión de correspondencia de un certificado de defunción con un cadáver», que «no se cumple cuando esa correspondencia es falsa». Por ello, reivindica «el derecho de los familiares a velar y atender los restos de su familiar, no el de otra persona, que es objeto de respeto y de protección».
Para el Supremo, el comandante y el capitán médico José Ramírez y Miguel Sáez «conocían, o racionalmente pudieron prever, que los treinta cadáveres (32 cuerpos sí fueron bien identificados) no habían sido identificados, pese a que el general Navarro así lo había comunicado».
También, los dos condenados, según el tribunal, aceptaron la «sugerencia» del general de no detallar minuciosamente las lesiones que presentaban los cadáveres para que terceras personas no repararan en la identificación fraudulenta.
La sentencia, que no cuenta con votos particulares, ha sido rubricada por el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Juan Saavedra, y los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar, Perfecto Andrés Ibáñez y Juan Ramón Berdugo.
 
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